Pérez Zeledón. En los últimos años, las comunidades y diversas instituciones han dado grandes pasos en la garantía de los derechos de los pueblos indígenas, como el Mecanismo General de Consulta Indígena, la ley para el derecho a la nacionalidad de la persona indígena transfronteriza, la oficialización de la base de datos Bröran, el avance en el Plan de recuperación de tierras, entre otras.
El 2022 será el turno de la construcción de la Política pública de pueblos indígenas, dirigida por el Viceministerio de la Presidencia, la cual busca atender de manera integral necesidades y demandas insatisfechas de los pueblos indígenas como situaciones de autonomía y territorialidad, desarrollo indígena, eficiencia institucional y bienestar social de los pueblos indígenas del país.
Para cumplir con esta aspiración, la política se construye de la mano con los territorios indígenas, a través de procesos participativos en los que las comunidades podrán opinar sobre el contenido, ejes de acción y sus necesidades. De esta manera, la política no adolecerá de desconocimiento o choques culturales, sino que permitirá su rápida ejecución y con una población altamente informada.
Durante el 2021, el Viceministerio y las comunidades indígenas avanzaron en las primeras tres etapas del proceso de consulta: la solicitud ante la Unidad Técnica de Consulta Indígena, su respectiva admisión y los acuerdos preparatorios.
En esta última, se definió avanzar en cada territorio en los siguientes aspectos: intercambios de información, evaluación interna del pueblo indígena, diálogo y acuerdos, finalización de la consulta y monitoreo de acuerdos.
En la cuarta etapa, intercambio de información, el Viceministerio suministrará la totalidad de los contenidos, ejes de acción y lineamientos propuestos en la política pública, resúmenes en español e idiomas indígenas, materiales didácticos y cualquier otro insumo solicitado por los pueblos indígenas.
Además, las comunidades compartirán al Gobierno los elementos más importantes de su cultura en relación con la política.
El proceso es acompañado como garantes por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización de las Naciones Unidas mediante la oficina de la coordinadora Residente.
Este intercambio, así como la mayoría de las etapas, consiste en múltiples visitas a cada territorio y sus comunidades, en las cuales se realizan talleres participativos con diferentes grupos del territorio como mayores, jóvenes, mujeres, entre otros. En estos espacios se podrá profundizar en el contenido que debe de incluir el documento, así como en el punto de vista de las comunidades.
Tras la invitación a todos los territorios del país a participar en la construcción de la política, actualmente son 22 los territorios involucrados: Abrojo Montezuma, Alto Laguna (Osa), Altos de San Antonio, Bajo Chirripó, Boruca, Cabagra, China Kichá, Comte Burica, Coto Brus, Keköldi, Maleku, Matambú, Nairi Awari, Rey Curré, Salitre, Talamanca Bribri, Talamanca Cabécar, Tayní, Telire, Térraba, Ujarrás y Zapatón.
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