Por medio de un comunicado emitido, la Asociación Cámara de Ganaderos Unidos del Sur, dio a conocer que presentó un recurso extraordinario de revisión en el Concejo Municipal el pasado 22 de julio, en contra del Plan de Ordenamiento Territorial.
“…que según corresponde en derecho, es el tipo de recurso aplicable a la situación actual del POT. El mismo fue recibido y trasladado a la Comisión de Asuntos Jurídicos en el Concejo Municipal, en la sesión del 23 de julio de 2024.
Nos vimos en la obligación de plantear este recurso legal ante la Municipalidad, a pesar del anuncio por medio de un video publicado en redes sociales, por parte de algunos lideres del Movimiento Social en contra del POT, de forma conjunta con el alcalde, Emanuel Ceciliano, donde informaron que detenían el proceso de implementación del POT, afirmando que el plan ya no iba, sin embargo, no se firmó acuerdo para comprobar en que consistió dicho acuerdo,” se precisa en el documento.
La Cámara de Ganaderos, cuestiona y manifiesta que el proceso continuo cuando presentaron este recurso, ya que la empresa CIVCO- Fundatec, sigue vigente, entregando avances y reclamando pagos.
Según explican en el comunicado, este tipo de recursos se presentan cuando se dan razones de nulidad absoluta y al estudiar el proceso, precisan que encontraron al menos cuatro posibles nulidades.
“Lo más grave es que le hagan cree al pueblo que el POT ya no va e ilegítimamente el alcalde y funcionarios administrativos, extiendan su vigencia hasta diciembre, lo que solo puede hacer el Concejo Municipal, aparentemente a espaldas del pueblo.
Eso se compruebe fácilmente, al no existir ninguna acción administrativa efectiva que detenga el proceso formalmente, sino, al contrario, según las pruebas documentales al recurso presentado, extienden el mismo hasta diciembre, a espaldas del mismo Concejo y el pueblo,” agregan.
La agrupación, también menciona que la mayoría del costo del contrato del proceso del POT, ya se efectúo y que el reclamo del saldo pendiente, obliga a la Municipalidad a efectuar algún proceso que devenga del interés público y las finanzas públicas.
Consideran que, que el proceso no puede quedar impune y que se debe investigar, para que se establezcan las responsabilidades por lo que indican fue el despilfarro de 250 millones de colones.
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