Pérez Zeledón. La Ministra de Justicia y Paz, Fiorella Salazar Rojas, aseguró que si bien ha procurado implementar una serie de acciones para recibir a las personas provenientes de celdas judiciales, las medidas han chocado, una y otra vez, con las órdenes dictadas por jueces.
En estos momentos, 12 de los 13 centros institucionales que pueden recibir a las personas provenientes de celdas judiciales están imposibilitados de hacerlo, ya que sobre ellos pesan órdenes judiciales de cierre.
En el caso de Pérez Zeledón es el CAI Antonio Bastida de Paz.
En esta coyuntura, Adaptación Social ha echado mano de movimientos de población entre centros para liberar espacios que permitan nuevos ingresos, pero frente a ello nuevas órdenes judiciales han exigido detener esos movimientos o incluso reversarlos.
De igual manera, ante la habilitación excepcional de espacios que se ha dispuesto para recibir a las personas que esperan en celdas judiciales, se han recibido nuevas órdenes judiciales que exigen no usar la infraestructura que poseen los centros según lo disponga la Dirección General de Adaptación Social (DGAS).
Esta situación ocurrió recientemente en el centro generaleño el 8 de setiembre del 2020.
Con este panorama, es materialmente imposible recibir los nuevos ingresos con la velocidad acostumbrada. Esta coyuntura fue explicada por la Ministra de Justicia y Paz ayer lunes al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz, por medio de un oficio que resume los impedimentos de actuación que recibe el Ministerio de Justicia y Paz por parte del propio Poder Judicial, a través de dichas órdenes judiciales.
Este oficio dirigido al Presidente de la Corte se suma a los que ha enviado la Jerarca a la Magistrada Patricia Solano desde el inicio, en marzo, de la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19, explicando la complejidad de la situación y realizando solicitudes concretas que podrían apoyar a la solución del mismo, entre ellas resolver la situación jurídica de los indiciados que tienen varios años en el sistema penitenciario sin recibir una sentencia o bien, optar por medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, tomando en cuenta las razones humanitarias que se derivan de una privación de libertad en momentos de pandemia, especialmente en los casos de medidas de este tipo que se dictan por 15 días o menos, por ejemplo.
El Ministerio no ha dejado de realizar acciones en los últimos meses en relación con estos temas.
Ha emitido resoluciones y directrices para que la DGAS avance con los reacomodos e ingresos de la población penitenciaria e incluso desde el mes de julio, antes de la acumulación de personas en celdas judiciales, se enviaron sin éxito solicitudes a los jueces de ejecución que han impuesto las medidas mencionadas con el objetivo de que revisaran las órdenes de cierre, especialmente en los centros que cuentan con espacios disponibles que podrían ser utilizados. No obstante, las órdenes de cierre se mantienen y se han recibido nuevas exigiendo deshacer lo actuado o prohibiendo el uso de espacios temporales.
“Este no es un problema del Ministerio de Justicia y Paz; es un problema del país y mientras todos los involucrados no tomen conciencia de su aporte a los problemas o a las soluciones, no será posible atenderlo de manera real. La pandemia solo ha venido a desnudar la situación”, concluyó la Ministra.
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