Pérez Zeledón. Este martes, el alcalde de Pérez Zeledón, Jeffry Montoya, fue convocado de manera personal por la Defensoría de los Habitantes, debido a la omisión de respuesta en varios casos que son del conocimiento de la institución.
Este mecanismo es utilizado cuando existen casos sometidos a conocimiento del funcionario público por parte de esta Defensoría y no hayan sido respondido en tiempo o plazo, ni se realizaron las gestiones definitivas tendentes a la solución.
El primer caso se trata de una solicitud de intervención del 12 de noviembre de 2015, debido a la falta de gestión de la denuncia interpuesta por movimiento y falseado de tierras, mismo que se presentó sin existir el respectivo permiso municipal, donde se terminó la construcción de una vivienda.
La Defensoría recomendó iniciar los procesos administrativos o judiciales.
El 5 de octubre de 2018, se notificó al Gobierno Local sobre este tema, pero al 15 de marzo de 2019, no se recibió respuesta dentro del plazo establecido y la fecha, no se tiene respuesta.
El segundo caso por el que se citó, tiene fecha el 13 de julio de 2017 y trata de una solicitud de la Escuela de Cristo Rey, debido a la falta de instalación de una valla de protección, falta de mantenimiento y chapea del lote que se ubica cerca de la Iglesia Católica, además de una acera.
En ese sentido, el 21 de setiembre de 2018, se notificó al Gobierno local y el tres de octubre de ese mismo año, se solicitó informar sobre las diferentes acciones.
Pero tampoco se recibió respuesta en el plazo establecido, por lo que se volvió a girar un oficio el 15 de marzo de 2019 y aún no se tiene respuesta.
El tercer caso, es una solicitud de intervención por aparente falta de atención de la construcción de puente en el sector de barrio Durán Picado, ya que el que existe es te bambú y en mal estado.
Para este, se envió notificación el 15 de marzo de 2019 y el 18 de marzo se reitera la solicitud, dando un plazo para responder de cinco días, pero a la fecha persistía la omisión de respuesta.
Y el cuarto caso, se trata de atender lo establecido por la Sala Constitucional, sobre el acceso a información, rendición de cuentas y participación ciudadana, que se ejercen utilizando las nuevas tecnologías de información y comunicación.
El primer oficio, se envió el 10 de mayo de 2019, luego los otros fueron el primero y cuatro de julio, pero tampoco se logró respuesta.
Por esa razón, se citó al jerarca municipal, este tres de diciembre a la una y media de la tarde, donde tenía que presentar un informe escrito donde se refiera a las gestiones adoptadas por la alcaldía en cada uno de estos casos.
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