La Fiscalía General de la República emitió el viernes pasado una circular administrativa que pretende unificar criterios jurídicos para la investigación de casos relacionados con la sustracción de cable y otros insumos de infraestructura de telecomunicaciones, propiedad del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Pérez Zeledón es uno de los cantones afectados por el robo de cable, en los últimos días hubo reportes en la zona de platanillo, tinamastes, el Rosario de Pacuar y El Hoyón.
El MP trabajó en la circular, luego de que autoridades del ICE externaran su preocupación por el crecimiento del robo de cable y el perjuicio que este trae. De acuerdo con la Fiscala Navas, un equipo de la Fiscalía General y del Instituto tuvo reuniones para exponer sus criterios y, luego, la jerarca se reunió de manera virtual con ese equipo.
En el documento se establece que, al momento de recibir una denuncia, el personal fiscal debe disponer de todas las diligencias de investigación que permitan la búsqueda de prueba útil, pertinente y necesaria.
Para ello, el funcionario o funcionaria coordinará los trámites que correspondan con el Organismo de Investigación Judicial y otras instituciones, con el fin de lograr la individualización de las personas imputadas (en caso que para ese momento no lo estén), la determinación de los niveles de participación en los hechos, las posibles vinculaciones entre casos similares a nivel nacional y la averiguación sobre el tipo de estructura en la que se encuentren organizadas las personas investigadas, entre otros aspectos.
La fiscala o el fiscal del caso también deberá contrastar oportunamente los hechos y circunstancias con el delito y sus agravantes, tomando en consideración aspectos como la existencia de un grupo organizado, situación en la cual se aplicará la Ley Contra la Delincuencia Organizada, que permite valorar la utilización de técnicas de investigación como el rastreo de datos móviles o la intervención de las comunicaciones, entre otras.
El personal que atienda este tipo de causas en todo el país también deberá valorar los bienes dañados o sustraídos, la prestación de servicios públicos esenciales afectados, los daños materiales causados, y la afectación al acceso de la ciudadanía a servicios básicos como electricidad, internet y telecomunicaciones.
La circular administrativa establece que, para una adecuada tramitación de estos casos, el personal debe tomar en consideración el mantener un contacto y coordinación con el ICE, pues este podría proporcionar información relevante para la investigación.
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