Carmen Picado N.
Osa. En la sentencia, la Sala, por mayoría, declaró con lugar un recurso de amparo contra la municipalidad de Osa, debido a que se incluyó en un Plan Regulador, como concesionables áreas destinadas a Patrimonio Natural del Estado como bosques y humedales.
El Tribunal ha reiterado en su jurisprudencia, la existencia y reconocimiento del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, definido en el artículo 50 Constitucional y el principio número 15 de la Declaración de Río, que es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.
Cuando se carece de certeza si una actividad va o no provocar un daño grave e irreparable, la administración debe abstenerse a realizar este tipo de actividades.
Además, que en todo momento se debe asegurar que se cumpla el adecuado juicio de ponderación, de forma que las actividades sean valoradas de acuerdo tanto al impacto ambiental como a su aporte al desarrollo humano sostenible.
También, en este caso, el municipio deberá abstenerse de incurrir nuevamente en los hechos que dieron base a esta declaratoria.
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