Golfito. Dos fallos de la Sala Constitucional del mes de octubre de 2014, así como criterio de la Contraloría General de la República, de marzo 2015 avalan la legalidad de todo lo actuado por la Junta Interventora Sustitutiva, que fue nombrada por el Poder Ejecutivo.
La misma, indica que el Gobierno, tiene como objetivo garantizar el correcto aprovechamiento de dineros públicos e impulsar el desarrollo social, productivo y económico de la región; así como restablecer el buen funcionamiento de la institución y del Depósito Libre Comercial de Golfito.
Los desafíos más importantes durante esta primera fase de la intervención fue identificar posibles anomalías.
Entre las principales se señala la desatención a recomendaciones de la Contraloría General de la República y de la Auditoría Interna y Externa de JUDESUR, la ausencia de controles internos y graves debilidades en la gestión administrativa.
| 