Tres personas indígenas cumplirán medidas cautelares, como sospechosos de cometer delitos en perjuicio de otros indígenas en el territorio Guaymí ubicado en Coto Brus.
Se trata del presidente, vicepresidente y extesorero de la Asociación de Desarrollo Integal de Guaymí (A.D.I.), de apellidos Arauz Montezuma, Santos Rodríguez y Mendoza Palacios.
Las medidas cautelares impuestas, por solicitud de la Fiscalía de Asuntos Indígenas (FAI), son:
mantener domicilio fijo, presentarse a firmar una vez al mes en el Juzgado Penal de Coto Brus, evitar contacto con las personas testigos del proceso, evitar contacto con las víctimas de los hechos sufridos.
Además, impedimento de salida del país, suspensión del cargo de presidente y vicepresidente de la A.D.I.; prohibición para participar activamente en las reuniones de dicha Asociación y para concurrir a otras organizaciones Indígenas.
La audiencia se realizó ante el Juzgado Penal de Hacienda, por el tipo de delito investigado: peculado y estafa.
La FAI también solicitó como medida cautelar el pago de una caución económica (fianza), no obstante la misma fue rechazada, por lo que se apeló la resolución.
De acuerdo con la Fiscalía, Arauz, Santos y Mendoza, así como cuatro personas más que también fueron indagadas (sin necesidad de imponerles medidas cautelares), se habrían aprovechado de sus cargos para sustraer fondos públicos que entregó el Fondo de Financiamiento Forestal (Fonafifo), por concepto de nueve contratos por pagos de servicios ambientales. Entre el 2005 y el 2018, la Asociación recibió la suma de ¢1.061.600.131 de colones.
El dinero debió haber sido entregado a los indígenas beneficiados del programa suscrito con Fonafifo, quienes son los dueños de un área total de 7.362.1348 hectáreas, sin embargo, según la prueba en poder de la Fiscalía, eso nunca ocurrió. Tampoco ocurrió que la Asociación realizara una liquidación o rendición de cuentas correcta, de ese dinero, a la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco).
La FAI informó que en todo momento ha respetado los derechos procesales y culturales de los imputados, incluyendo el uso de intérprete en idioma ngöbe.
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