Buenos Aires. El Gobierno de la República manifiesta su preocupación ante el incremento de las tensiones entre grupos en el territorio indígena de Salitre, en el cantón de Buenos Aires de Puntarenas, y hace un llamado al respeto, a la paz y al diálogo para impedir un agravamiento de la situación.
A la vez, el Gobierno reitera que mantiene una continua atención de la problemática que se vive en esa comunidad.
Indican que la Fuerza Pública se ha mantenido atenta a lo ocurrido y ha reportado a autoridades judiciales al menos nueve incidentes de agresiones de distinto tipo ocurridos entre el 9 de agosto y 6 de setiembre, en los que figuran como ofendidas tanto personas de la comunidad indígena Bribri como no-indígenas.
En cumplimiento de la legislación nacional e internacional y de medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Gobierno reforzará sus acciones para evitar actos violentos, defender los derechos humanos de todas las partes y hacer respetar los instrumentos de protección a los pueblos indígenas, de los cuales Costa Rica es signataria.
Asimismo, el Gobierno hizo una solicitud al Poder Judicial para que atienda de manera prioritaria las denuncias generadas dentro del territorio.
La ministra de esa cartera, Cecilia Sánchez, fue asignada para establecer un diálogo con los pueblos indígenas.
Las reuniones tendrán como propósito garantizar el respeto y cumplimiento de los derechos humanos, la puesta en práctica de un protocolo de seguridad y la implementación de medidas cautelares ordenadas el pasado 30 de abril por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Asimismo, las reuniones analizarán la propuesta de política de te tierras que se ha venido impulsando de manera interinstitucional desde el inicio de gestión de este Administración.
Desde marzo pasado, el Ministerio de Seguridad Pública ha incrementado paulatinamente la presencia policial en el lugar que ha pasado de 20 efectivos a 60 en estos momentos.
Los oficiales de la Fuerza Pública que sean destacados en la zona recibirán capacitación en materia de derechos humanos, atención de las medidas cautelares de organismos internacionales e instrumentos nacionales e internacionales de protección de los pueblos indígenas.
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