El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Instituto de Desarrollo Rural (Inder), con el apoyo del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) presentaron este viernes 27 de octubre, en Agua Buena de Coto Brus, un plan que busca terminar los años de espera e incertidumbre para los habitantes de las franjas fronteriza norte y sur de nuestro país.
La franja fronteriza corresponde a la zona de terreno de dos kilómetros de ancho a lo largo de las fronteras con Nicaragua y Panamá.
Esas tierras son propiedad del Estado costarricense y no pueden ser adquiridas de forma privada.
En Costa Rica existen tres zonas fronterizas identificadas con problemáticas muy específicas y con realidades diferentes: Norte, Sur y Caribe Sur.
El Plan incluye acciones concretas, cronogramas de trabajo a un plazo máximo de dos años de ejecución, así como inversiones específicas para cada zona, en las que actualmente sus habitantes tienen problemas como la falta de seguridad jurídica de contar con un lugar para vivir y trabajar, acceso de beneficios como el bono de vivienda y restricciones para llevar a cabo sus actividades agropecuarias y comerciales por estar, algunas partes, en zonas protegidas.
Este plan representa oportunidades para miles de familias, muchas de ellas dedicadas a la producción agropecuaria. Estas personas tienen ahora la posibilidad de vivir mejor, de tener acceso a un crédito, de desarrollar un emprendimiento, entre otras. Además, el Gobierno ordena un territorio que debe mantenerse bajo su gobernanza, de una manera apropiada y con justicia social para quienes lo habitan”, declaró.
En el caso de la franja fronteriza sur, incluye Coto Brus, Corredores y Golfito, comprende 40 mil hectáreas.
En esta parte de la franja, el Inder está facultado para otorgar concesiones, por lo que su regularización tiene un mayor avance. Aquí existen 7 200 predios debidamente censados por el Instituto, de los cuales ya 2 614 cuentan con su contrato de concesión, pero aún faltan 4 586, por lo que el plan incluye reforzamiento con 19 plazas por servicios especiales de topógrafos, técnicos y abogados, para cumplir con la meta de tener los predios formalizados en exactamente dos años.
De esta forma, el proceso de regularización ya no tendrá que esperar un promedio de once años para realizarse, sino solamente dos, pues se pasará de entregar 400 concesiones anuales a 2500 aproximadamente.
La inversión del Inder en esta iniciativa será de ₡7 357 millones entre los años 2024 y el 2025, que incluye la realización de estudios ambientales, contratación de personal para estudios técnicos y topográficos, así como la compra de fincas para los procesos de compensación.
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