Los territorios indígenas Cabécar de Bajo Chirripó y Alto Laguna Guaymí de Sierpe de Osa, Puntarenas de Costa Rica, recibieron más de 179 millones de colones, provenientes de acciones climáticas por la reducción de emisiones forestales generadas en sus bosques en el período retroactivo 2018-2024, en el que participan de manera voluntaria.
El pago se formalizó tras un extenso proceso de consulta y trabajo conjunto, con el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal del Ministerio de Ambiente y Energía (Fonafifo-MINAE), que culminó con la elaboración de sus Planes Ambientales Forestales Territoriales (PAFT).
Estos planes son importantes para los territorios indígenas, pues promueven la inversión de recursos directos en sus territorios, pero además, éstos son un requisito para acceder a recursos de finanzas climáticas por medio del Contrato de Reducción de Emisiones Forestales (CREF), un mecanismo financiero del MINAE-Fona fifo, realizado para la implementación de recursos en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, que hace referencia a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, debidas a la deforestación y degradación de los bosques.
Actualmente hay 8 PAFT finalizados a nivel nacional, estos son: Ujarrás, Talamanca Cabécar, Kekoldi, Boruca, Malecu, Abrojo Montezuma, Alto Laguna y Bajo Chirripó, por otro lado, 2 de ellos están esperando ser validados en sus comunidades, mientras 14 se encuentran en proceso de construcción y finalización.
Las actividades realizadas para la elaboración de los PAFT son financiadas con los recursos alcanzados por el país en el año 2020 con el Fondo Verde del Clima, gestionado por Fonafifo y el apoyo técnico del Proyecto Pago Basado en Resultados del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo; entidad administradora de los recursos.
Estas herramientas, fueron desarrolladas mediante el diálogo de un proceso participativo de información, preconsulta y consulta, realizado bajo la cosmovisión indígena, el marco legal costarricense y el convenio 169 de la OIT, así como también salvaguardas y políticas operacionales del Banco Mundial y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo respectivamente. De esta forma se planteó el trabajo conjunto entre los pueblos indígenas y el Ministerio de Ambiente y Energía, para así definir las acciones en materia ambiental y forestal dentro de los territorios indígenas.
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