Pérez Zeledón. Lo que parecía que esta vez no se daría, pasó, una nueva apelación al proceso para comenzar con el proyecto de Bono Comunal en Tierra Prometida en Pérez Zeledón.
El lunes 21 de diciembre del 2020, la junta directiva del Banco Hipotecario de la Vivienda, aprobó la contratación de la empresa Quebradores del Sur en el proceso de licitación abreviada.
Sin embargo, la semana anterior se dio la apelación a este proceso.
De acuerdo con el Banhvi, en el proceso participaron tres empresas y se le adjudicó a Quebradores del Sur porque presentó la oferta con menor costo.
Sin embargo, Grupo Condeco S.A. apeló esta contratación, argumentando que la empresa adjudicada presenta irregularidades en su oferta que la hacen inelegible, dentro de los cuales se incluyen aspectos relacionados con el IVA, estructura de costos y administración, por lo que tiene que ser valorado por la Contraloría General de la República como parte del análisis, la idoneidad y pertenencia de los argumentos que plantea la empresa.
El proceso de licitación abreviada se da luego de que el pasado 30 de octubre, las autoridades de vivienda, entre ellas, la ministra, se reunieran en la comunidad para buscar una solución al atraso de los trabajos debido a cuatro años de espera tras su aprobación y tres licitaciones apeladas.
En este momento, hay dos panoramas, que la Contraloría General de la República rechace la apelación y se continúen con las gestiones o bien, que se apruebe la apelación de la oferta y se tengan que hacer un nuevo proceso.
La aprobación del Bono Comunal fue anunciado en febrero de 2018, por 2.483 millones de colones y ahora, debido a los atrasos, será por 2600 millones de colones.
La Fundación Costa Rica – Canadá es la entidad responsable de administrar los recursos y velar porque todas las obras se construyan de acuerdo con lo estipulado en los planos y con las normas de calidad vigentes.
La intención es cambiar la vida de las familias quienes viven en esta comunidad con obras viales y demás.
Ahora, los vecinos tendrán que esperan lo que determine la Contraloría, si acepta o no la apelación al proceso.
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